Por: Jackson Rodríguez Bernal

La historia de los derechos humanos se ha cimentado sobre la base de la emancipación de los individuos en busca de prebendas morales y jurídicas universales que protejan y reivindiquen de manera igualitaria la condición de los seres humanos como tal y así se establezca la construcción de unas sociedades justas y equitativas que propendan por el desarrollo de las personas. La aceptación generalizada de los derechos humanos nos hace pensar en el triunfo de estas libertades y garantías mínimas individuales del ser humano. Sin embargo, mientras asistimos a un relativo consenso mundial sobre el valor y la defensa de los derechos humanos, somos testigos de su violación cotidiana.

Así mismo, el derecho internacional humanitario (DIH) ha sido concebido a partir de la premisa de humanizar los conflictos armados y no incurrir en delitos de lesa humanidad en momentos de confrontación bélica; es un conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Las normas estipuladas en los tratados de DIH han de ser respetadas no solo por los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro convenios de ginebra de 1949 y los dos protocolos de 1977 adicionales a éstos, son los principales instrumentos de derecho humanitario.

En el caso Colombiano, la historia de los derechos humanos ha tenido más bajas que altas, empezando por el criterio que han tenido los gobernantes para asumir y hacer cumplir estos derechos a cabalidad.  Los derechos fundamentales incluidos en la constitución, son una directa derivación de los derechos humanos universalmente proclamados; la principal diferencia radica en que los derechos humanos son aquellos cuya proyección y defensa está consagrada en los instrumentos internacionales suscritos por Colombia y los derechos fundamentales son los consagrados como tales en la Constitución Política de Colombia. De esta manera, es válido preguntarse si se cumplen en Colombia los derechos fundamentales; ¿Se ha preservado en Colombia el derecho a la vida por parte del Estado?

Desde mediados del siglo pasado, cuando la recalcitrante violencia bipartidista se empeñó en desangrar al país, el Estado se mostró y se ha mostrado indiferente y apático por evidenciar fórmulas gubernamentales e institucionales que pongan freno a este atroz fenómeno. Por el contrario, ante la manifestación de inconformismo que hicieran en su momento los campesinos colombianos de comienzos de los años 60 tomando las armas y protestando por la inequidad y abandono del Estado, lo único que hizo la figura estatal mediante el gobierno de turno fue bombardearlos y masacrarlos, en vez de llamarlos al diálogo y proponerles una salida sensata al problema de la tierra y al clima de violencia que se vivía (Toma de Marquetalia); Marquetalia es leída por algunos como el inicio de una gloriosa historia de luchas armadas de carácter revolucionario. Para otros, como un grave error histórico de las élites colombianas que ha ensangrentado al país sin pausa ni tregua desde hace ya cinco décadas. El debate y la herida siguen abiertos.

Lo mismo sucede con el derecho a la educación. El ejercicio del derecho a la educación en las poblaciones que por razones específicas han permanecido excluidas del sistema educativo tradicional, solo es posible mediante la intervención de todos los estamentos, iniciativa que no se ha llevado a cabo con el rigor necesario, pues en Colombia, si examinamos las estadísticas gubernamentales tomando como único denominador el total de la población en edad escolar, podemos entonces constatar realidades sobre la cobertura educativa que tiene el conjunto de niños, niñas y jóvenes de Colombia. Se observa así que hoy, en pleno siglo XXI, de cada 100 colombianos entre 6 y 18 años, 20 jamás entran a la escuela, 40 (casi la mitad) jamás entran a la secundaria y 70 jamás terminan el bachillerato (Los que nunca entraron y los que se quedan en el camino en el camino por diversas razones…).

¿Se respeta el derecho al sindicalismo? Lo único cierto es que Colombia es uno de los países del mundo con mayor índice de desaparición forzada de sindicalistas, violando de forma flagrante este derecho del proletariado a manifestarse de manera autónoma ante las élites industriales; La crisis de los derechos humanos en Colombia no ha tenido las manifestaciones extremas de las dictaduras militares que asolaron el continente latinoamericano en las décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio; en un marco similar de terrorismo de Estado. Lo peculiar y paradoxal a la vez, es que hablamos de un formal régimen civil que se ufana de ser una de las democracias más estables y antiguas del continente.  (No olvidemos que la UP (Unión Patriótica) brazo político de las FARC y que durante la década de los 80 dio un legítimo debate democrático de izquierda en busca del poder, fue casi exterminado por sus opositores que no eran otros que los integrantes de la clase política tradicional colombiana, que ante la amenaza de la pérdida del poder en manos de una nueva fuerza política, contó con las fuerzas armadas y el narcotráfico para eliminar físicamente a los principales exponentes del nuevo partido.)

En tal sentido, es casi insulso pretender que se acate una norma diseñada para humanizar la guerra (DIH), cuando esta misma confrontación ha sido generada por un Estado indiferente ante su sociedad y que sólo se ha preocupado históricamente por la perpetuación en el poder de una casta oligarca y politiquera por medio de la cooptación de las instituciones y los poderes públicos.

Por otra parte, los derechos humanos han sido concebidos de manera unitaria para todos los humanos y los pueblos, sin detenerse a analizar los pormenores y complejidades que cada sociedad en conflicto armado representa, evidenciando así falencias e inflexibilidad en estos argumentos jurídicos con el fin de aplicarlos a realidades latentes; al ser apropiados por los discursos reinantes, los derechos humanos adquieren un carácter institucional, conservador, y pierden su perfil contestatario. Su origen histórico y contingente se hace invisible, así como las condiciones de posibilidad que preceden a su aplicación efectiva.

En el conflicto colombiano todos los actores armados (incluyendo a las fuerzas armadas del gobierno) son continuos violadores de los derechos humanos. Si bien es cierto, el Estado es el gran responsable de lo que sucede en el territorio nacional, los grupos al margen de la ley (FARC, ELN, AUC=BACRIM) también han aludido a estas prácticas como método de intimidación y justificación de su lucha armada. En toda esta problemática la víctima más lacerada ha sido la población civil que, dependiendo del territorio, se ve inmersa en una lucha de la que ha empezado a hacer parte por fuerza de las circunstancias, pues es la población la que es hostigada permanentemente por los actores armados como colaboradores de uno u otro bando, convirtiendo a las personas y las colectividades en objetivos militares, debiendo así abandonar sus tierras como único medio para preservar la vida.

Desde esta perspectiva, aludir al cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) en un conflicto como el colombiano, es pretender humanizar un fenómeno bélico, sin velar por la humanización de una sociedad que reclama desde hace décadas una equidad que parece utópica.

La precariedad del Estado no se limita a su falta de control territorial y del uso de la fuerza. Aquella también consiste en afirmar su influencia en la sociedad, lo cual se debe en buena medida a que las simbologías del intervencionismo económico y social (fundamentales para justificar el carácter ascendente del Estado sobre la sociedad), no han contado con las condiciones de posibilidades requeridas para asentarse en Colombia. Estos factores han impedido que entre la población colombiana, dividida y fragmentada, se forme una imagen sólida del Estado – Nación. La ausencia de la “unidad simbólica de la nación”, ha obstaculizado la construcción de un sentido de ciudadanía compartida entre los colombianos y la creación de un espacio público para la solución de los conflictos.